31 mar 2017

Estados Unidos acelera deportación de inmigrantes condenados por delito federal

Desde este viernes los inmigrantes condenados por un delito federal en Estados Unidos enfrentan el riesgo de deportaciones más rápidas una vez que cumplan su sanción, a partir de una medida anunciada por el Fiscal General del país, Jeff Sessions.

El secretario de Justicia dio a conocer la expansión y modernización del Programa de Audiencias Institucionales de su Departamento, que celebra vistas de deportación para extranjeros mientras aún están en una prisión norteamericana.

Según Sessions, la propuesta acelerará el proceso al permitir que en cuanto un inmigrante cumpla sanción en la cárcel, sea enviado de regreso a su nación de origen cuanto antes.

Le debemos al pueblo estadounidense asegurarnos de que los extranjeros ilegales condenados por crímenes y que están cumpliendo condena en nuestros presidios son expulsados rápidamente como la ley lo requiere”, manifestó Sessions en un comunicado.

El proyecto establece 14 prisiones federales y seis facilidades contractuales para los nuevos procedimientos de deportación.

También comprende la modernización de la infraestructura y recursos de videoconferencias para facilitar las audiencias, y la adopción de una política uniforme sobre el procesamiento de los presos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, ahora los jueces irán a los centros penitenciarios para iniciar allí los procesos, en lugar de enviar a los foráneos a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como se procedía hasta ahora.

Estadísticas del Buró Federal de Prisiones de EE UU. muestran que 20 por ciento de los encarcelados de la nación son extranjeros, la mayor parte de ellos -14,2 por ciento- de origen mexicano.

La nueva medida se une a otro anuncio realizado este mes por el Departamento de Justicia de que enviará jueces de inmigración a seis centros de detención cerca de la frontera sur, para acelerar la salida de indocumentados.

Al mismo tiempo, Sessions amenazó el lunes último con quitarles las subvenciones a las llamadas 'ciudades santuario' que limiten su cooperación con agentes federales de inmigración.